La Comisión Europea distribuirá 68 millones de euros a España, en concepto de ayuda excepcional, para ayudar a los agricultores que han experimentado una pérdida de producción y, como consecuencia, una pérdida de ingresos. Además, asignará 16,2 millones de euros a Hungría, 6,7 millones de euros a Croacia, 4,2 millones de euros a Letonia y 3,5 millones de euros a Chipre.

Los importes demuestran la continua solidaridad de la UE con los agricultores afectados y pueden complementarse con hasta el 200 % de los fondos nacionales.

Los Estados que recibirán estas ayudas han sido testigos de importantes daños y pérdidas económicas debido a fenómenos climáticos adversos y desastres naturales.

España experimentó un déficit de lluvias y calor extremo durante el verano de 2024, lo que provocó una sequía. A finales de octubre y principios de noviembre de 2024, las fuertes tormentas provocadas por la DANA provocaron lluvias excepcionalmente intensas e inundaciones devastadoras, que causaron cientos de víctimas y marcaron el peor desastre que ha azotado la Comunitat Valenciana en este siglo. La producción en los sectores de frutas y hortalizas, vinos, olivos y ganaderos se vio particularmente afectada.

Chipre vivió importantes precipitaciones escasas y altas temperaturas en el primer semestre de 2024, lo que provocó condiciones secas que afectaron a la producción en sectores como los cereales, el olivo y las frutas y hortalizas.

Letonia sufrió una combinación de temperaturas invernales mínimas récord, heladas primaverales e intensas lluvias en verano, lo que afectó a los cereales, la colza, las frutas, las verduras y las patatas.

Croacia y Hungría se enfrentaron a temperaturas extremadamente altas y sequías durante el verano de 2024, que afectaron a la producción de maíz, girasol, soja, remolacha azucarera, frutas, patatas y vino.

Siguientes pasos

Tras la aprobación por parte de los Estados miembros, la Comisión adoptará su propuesta. A continuación, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, de modo que los cinco Estados miembros afectados puedan aplicarlo sin demora.

Las autoridades nacionales deben distribuir esta ayuda a más tardar el 30 de septiembre de 2025 y garantizar que los agricultores sean los beneficiarios finales. Los cinco Estados miembros también deberán notificar a la Comisión, a más tardar el 31 de mayo de 2025, los detalles de la aplicación de las medidas. Esto incluye los criterios utilizados para determinar la concesión de ayudas individuales, el impacto previsto de la medida, las previsiones de pagos desglosadas por meses hasta finales de septiembre y el nivel de apoyo adicional que se proporcionará. La notificación también debe indicar las medidas adoptadas para evitar el falseamiento de la competencia y la compensación excesiva.

La Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027 incluye una reserva agrícola de 450 millones de euros anuales para hacer frente a perturbaciones del mercado o acontecimientos excepcionales que afecten a la producción o la distribución. Debido a la creciente frecuencia de los fenómenos climáticos adversos, la Comisión ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar los instrumentos de gestión de riesgos y fomentar su adopción más amplia en toda la Unión, junto con medidas proactivas para abordar las causas subyacentes y mejorar la resiliencia de las explotaciones a medio plazo.